Este viernes 5 de octubre los diputados decidieron sesionar para discutir el plan y eventualmente, votarlo en primer debate. No obstante, decidieron retrasar el inicio de la sesión (que estaba programado para las 10:15 de la mañana) para discutir temas de procedimiento.

La consulta constitucional fue el camino que recorrieron sus antecesoras, la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural en el 2006 y la Ley de Solidaridad Tributaria en el 2012. Proyectos que fracasaron tras llegar a manos de los magistrados.

Con la oportunidad de discutir una nueva reforma los diputados han tratado de blindar la iniciativa, desde la legislatura anterior, para que no fracase en el Tercer Poder de la República.

Sin embargo, la incertidumbre volvió a tocar las puertas del Congreso tras conocerse un informe de la Corte Plena. El pasado 3 de setiembre los magistrados anunciaron que la reforma incide sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial. El pronunciamiento se refería a un texto desactualizado y se presentó fuera de tiempo, pero logró posar nubes en el horizonte.

Otro posible talón de Aquiles es la moción que pretende eliminar el enganche médico. Iniciativa que se votó negativamente en la Comisión Especial y que se revivió días después en el Plenario.

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Para garantizar el éxito de la reforma los congresistas tampoco deberán de incurrir en vicios esenciales. Cumplir con la publicidad del proyecto, velar por el derecho de enmienda, no incurrir en una violación al principio de participación y conceder derechos a las minorías serán pasos obligatorios.

En el pasado los planes fiscales fracasaron porque alguna norma requería de mayoría calificada, por no consultar a las instituciones autónomas a las que se les imponían potestades tributarias, o por no publicar el proyecto luego de aprobar mociones que cambiaban sustancialmente el texto original.

Consulta constitucional, la piedra en el zapato

Una de las principales debilidades o retos que enfrenta el expediente 20.580 surge por una obligatoriedad que impone la Constitución Política.

El artículo 167 establece que la Asamblea Legislativa debe consultar a la Corte Suprema de Justicia sobre la discusión y aprobación de proyectos de ley, cuando hagan referencia a esta institución.

Tras la consulta que remitió la Asamblea Legislativa, los magistrados concluyeron en sesión de Corte Plena que el proyecto “sí incide sobre el Poder Judicial, y concretamente incide sobre su función y funcionamiento”.

El pronunciamiento, que analizaba las implicaciones que tendría la modificación de la Ley de Salarios Públicos y la aplicación de la Regla Fiscal en el Poder Judicial, llegó tarde al Congreso. Los diputados ya discutían un nuevo texto sustitutivo.

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Pese a esto, la posición de los magistrados le mete presión al expediente porque algunos de ellos decidirán el futuro del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En una eventual consulta constitucional la iniciativa podría no prosperar si el Tercer Poder la República sigue objetando el texto, según Alex Sibaja, especialista en temas legislativos y exdiputado por el Partido Liberación Nacional (PLN).

En el año 2006 la Sala IV determinó que el proyecto Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural era inconstitucional por no consultar a las entidades involucradas. “En tanto no fueron consultadas las instituciones autónomas a las cuales se les otorgó potestades de administración tributaria y se les ordenó modificar su régimen laboral, disciplinario y salarial”, señala el voto.

“En guerra avisada no muere soldado, no se pueden votar normas con opinión negativa de la Corte”, sentenció Sibaja.

La Sala Constitucional debería tener autocontención, a criterio de Mario Redondo, exdiputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

“El derecho parlamentario es flexible porque su objetivo es viabilizar acuerdos políticos y antepone el fondo a la forma. En otras oportunidades la Sala, de manera invasiva y desproporcionada, antepuso la forma al fondo y eso eso es contrario a la noción del derecho parlamentario”, agregó Redondo.

La discusión en los pasillos legislativos se enfoca en si este tema significa que la aprobación de la reforma requiere mayoría calificada. Eso piensa Walter Muñoz, diputado del Partido Integración Nacional (PIN), quien insiste que el Gobierno necesitará 38 votos.

El enganche médico es otro potencial punto débil del expediente 20.580 y en poco tiempo evidenció una lucha de poderes.

La moción pretende eliminar el privilegio que otorga un aumento salarial cada vez que un funcionario recibe un incremento.

El 22 de agosto cinco diputados aprobaron la moción del socialcristiano Pedro Muñoz para eliminar el enganche. Sin embargo, tras la presión de los sindicatos médicos la iniciativa fracasó días más tarde.

El Gobierno indicó que por temas de conexidad, el debate del enganche médico debería de darse en otro proyecto de ley. Aunque un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea, hace flaquear la tesis del Poder Ejecutivo.

El análisis concluyó que la primera parte de la moción se acopla a las reformas salariales del sector público que propone la reforma, según informó el diario La Nación.

Con la discusión de las mociones de reiteración, la iniciativa revivió en el Plenario. No obstante, el diputado del PIN insiste en la inconexidad con el proyecto y en que su inclusión entre las mociones de reiteración es un error de procedimiento.

“El tema es inconexo y (Carolina Hidalgo) lo volvió a meter por presión de Pedro Muñoz”, indicó Muñoz.

Durante el tercer día de votación de mociones de fondo, la propuesta fue rechazada. Varios diputados firmaron un acuerdo y alegaron que rechazaron la moción por ser inconexa con el plan fiscal, y para colaborar con el saneamiento de las finanzas se comprometieron a presentar un proyecto de ley.

El cual sería presentado ocho días después de que se apruebe el expediente 20.580 en primer debate.

EF consultó a Muñoz si presentará una consulta de constitucionalidad sobre este tema pero no aclaró, solo respondió: “vamos a llevar todo el expediente 20.580 a una consulta de constitucionalidad”.

Otros cuidados

Para no dar al traste con la reforma, los congresistas deberán de cuidar hasta el más mínimo detalle con el fin de evitar caer en vicios esenciales.

Uno de ellos es la publicidad, una vez que finalice la discusión de las mociones de reiteración en el plenario legislativo el proyecto debe de publicarse para conocimiento de la ciudadanía. Esto debe hacerse antes de su aprobación en primer debate, los mecanismos para divulgarlo son variados y el más convencional es la publicación en La Gaceta.

Una vez que se finalice la discusión de las mociones de reiteración, se debe verificar que todas las instituciones autónomas que tengan relación con la reforma, y las que tienen obligaciones de carácter constitucional (como el Patronato Nacional de la Infancia y la misma Corte Suprema de Justicia) también deben ser consultadas antes del primer debate, a criterio de Sibaja.

Los congresistas deben asegurarse de que ninguna de las normas requiere de mayoría calificada, es decir, 38 votos. Porque esto invalidaría automáticamente el 208 bis y se consideraría como un vicio sustancial del proceso.

Este fue otro de los errores que fue identificado en las reformas impulsadas por la administración de Abel Pacheco y Laura Chinchilla.

En caso de que los legisladores identifiquen uno de estos errores, pueden rectificarlo modificando el 208 bis, pero solo pueden hacerlo antes de votar el expediente en primer debate o segundo debate.

¿Lecciones aprendidas?

El país repite la historia una y otra vez la discusión de reformas fiscales para intentar sanear las golpeadas finanzas públicas.

Durante la administración de Abel Pacheco se promovió el proyecto de Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural. Iniciativa que tuvo una larguísima discusión y que finalmente falleció en el 2006 tras llegar a la Sala Constitucional.

Los motivos del fracaso fueron varios. En aquella ocasión los magistrados determinaron por unanimidad que el proyecto era inconstitucional porque algunas de sus normativas requerían mayoría calificada para su aprobación.

Otra de las razones que dio al traste con la reforma fue que a las instituciones a las que se les imponía potestades de administración tributaria, no fueron consultadas.

Además los magistrados concluyeron que el procedimiento y el plazo que se le confirió a la Comisión para que dictaminara, fue irrazonable y desproporcionado.

También consideraron inconstitucionales las resoluciones del presidente de la comisión (el diputado socialcristiano Mario Redondo quien reguló el debate para conocer el tercer día de mociones vía artículo 137), por ser “irrazonables, desproporcionadas y violatorias del principio democrático e incurrir en una violación del principio de inderogabilidad singular del reglamento interno”, según consta en el voto del 2006.

Seis años más tarde la historia volvió a repetirse con el proyecto Ley de Solidaridad Tributaria en el 2012, impulsado por Laura Chinchilla, presidenta de la República y Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana.

El histórico acuerdo fiscal entre las bancadas verdiblanca y rojiamarilla, se vino abajo por vicios esenciales. Uno de ellos se dio cuando el entonces presidente de la comisión especial (Edgardo Araya diputado liberacionista), modificó el 208 bis para prorrogar el plazo del dictamen del proyecto sin el consentimiento del pleno.

Otro de los errores estuvo relacionado con el principio de publicidad. Los diputados aprobaron mociones que cambiaban sustancialmente el proyecto, sin embargo, omitieron publicarlo.

La actual reforma avanza en medio de una lucha de poderes a lo interno del Congreso y superando una huelga que se debilita en su cuarta semana.

El Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas deberá pasar el tamiz constitucional para ver si se convierte en Ley de la República o si pasa a la historia como un fracaso más, en el intento desesperado de sanear el déficit fiscal más alto de los últimos 34 años.