La llegada del COVID-19 y sus consecuencias económicas trae a la memoria la profunda crisis de la década de los ochentas, el impago de la deuda y el lastre que representó para Costa Rica no pagarle a sus acreedores durante varios años.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que se cayó en default, pues desde 1828 el país incumplió el pago de sus compromisos en nueve ocasiones.

Una tercera parte de esos impagos ocurrió en los años ochenta. Específicamente en 1981, 1983 y 1984, según consta en el libro This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly de los autores Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff.

Una historia que se repite desde 1828

Los defaults forman parte de la historia de Costa Rica y desde el siglo XIX se ha suspendido el pago de la deuda en nueve ocasiones: 1828, 1874, 1895, 1901, 1932, 1962, 1981, 1983 y 1984.

Según consta en la literatura económica todos fueron incumplimientos externos pues el país no registra impagos de la deuda interna. Esta suspensión es menos frecuente porque la deuda es en colones y se puede acudir a la imposición o a la emisión de dinero para honrar las obligaciones, considera José Luis Arce, director de FCS Capital.

Durante el siglo XIX los impagos se relacionaron a deudas heredadas de la Federación Centroamericana, la Campaña Nacional de 1856 o porque no se pudieron pagar los créditos que se adquirieron para construir ferrocarriles.

“Se dieron comisiones, corrupción y el mismo Tomás Guardia aceptó que recibió una comisión que compartió con el gabinete y dejamos de pagar la deuda. Creo que se terminó de pagar a mediados del siglo XX”, comentó el economista Ronulfo Jiménez.

Mientras que las otras suspensiones se relacionaron con crisis internacionales, tal es el caso del impago de 1932 que ocurrió luego de la Gran Depresión de 1929. El de 1962 fue consecuencia de los shocks de los commodities como el café.

Pero el default más famoso fue el de los años ochenta, una década muy complicada que vale la pena recapitular.

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Cuando el presidente Rodrigo Carazo llegó al poder en 1978 muchos actores señalaban una crisis de grandes dimensiones. Durante esa administración las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) eran negativas y el país tenía un tipo de cambio fijo, recordó el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, durante entrevista con EF.

En ese entonces la raíz del problema era el manejo de la política monetaria y de la crisis fiscal, pues el país trataba de solucionar sus problemas a base de endeudamientos porque era relativamente fácil conseguir créditos en dólares.

“Recuerdo que tuve algunas reuniones con el presidente Carazo para indicarle que era necesario proceder a una devaluación, un cambio en la estructura productiva, ajustar los aranceles para que no hubiera desproporciones, buscar una tarifa más baja y única, y que el país tratara de surgir”, afirmó el expresidente Rodríguez.

Sin embargo, la administración Carazo Odio no siguió ese camino. La ola de endeudamiento se convirtió en un tsunami que cayó sin consideraciones sobre un país pobre y con un mercado pequeño (de aproximadamente dos millones de habitantes).

El tipo de cambio se disparó de ¢8,60 a cerca de ¢40 por dólar y la deuda con relación al Producto Interno Bruto (PIB) alcanzaba la exorbitante cifra del 160%, según Eduardo Lizano, economista y quien estuvo al mando del BCCR de 1984 a 1990.

Para 1981 el presidente Carazo anunció el default; Costa Rica no podía pagar ni los intereses, ni el principal de las deudas adquiridas con países que mantenían operaciones en dólares y bancos comerciales de norteamérica, Japón y Europa.

También se le adeudaba dinero al Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), un activo que durante el 2020 el Poder Ejecutivo consideró como una de las joyas de la abuela que podría vender para amortizar la actual deuda.

Los defaults se repitieron de manera consecutiva en 1983 y 1984, y en los años posteriores el país pasó por ajustes estructurales, y múltiples negociaciones con los banqueros privados y los organismos internacionales (como el Club de París que concentraba la deuda bilateral de los otros gobiernos).

“Como no podíamos pagar, los bancos nos prestaban para pagarles lo que les debíamos, pero la deuda no disminuía. En la administración Arias Sánchez tratamos de darle vuelta a la situación, lo que hicimos fue ver cuánto podíamos pagar pero dejando un margen para que la economía creciera”, comentó Lizano, economista y miembro de la Academia de Centroamérica.

El país concluyó las negociaciones de reestructuración de la deuda el 5 de mayo de 1990 momento en el que firmó el acuerdo definitivo con los bancos comerciales.

Por cada dólar que el país adeudaba solo se debían pagar 18 centavos de dólar. Sin embargo, fue tarea de la administración Calderón Fournier conseguir los recursos y aprobar las leyes necesarias para cumplir esos pagos, según Lizano.

2020

Constantes rebajas en las calificaciones soberanas, el incumplimiento de la regla fiscal y las acciones contradictorias de la administración Alvarado Quesada (como pagar un aumento al sector público en medio de una recesión mundial y con miles de empleados privados despedidos o con salarios disminuidos) son recordatorios de la delicada situación de las finanzas públicas.

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Los especialistas consultados por EF no se atreven a decir si estamos cerca o lejos de declarar un impago, pero en lo que sí coinciden todos es que las finanzas públicas ya estaban maltrechas y que el COVID-19 sacó al país de la senda de recuperación.

Ahora Costa Rica requiere dar un golpe de timón para recuperar la confianza de los mercados (tanto externos como internos), debido a las necesidades de financiamiento que posee.

Esto es vital luego de que las agencias internacionales Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings bajaron la calificación soberana en las últimas semanas.

Cuando Standard & Poor’s degradó la calificación de Costa Rica a B con perspectiva negativa el 9 de junio, el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó al diario La Nación que el país tiene una alta probabilidad de caer en la categoría de riesgo CCC, lo que se conoce como bonos basura.

En caso de que el país de un paso en falso que lleve a esta degradación crediticia, pagaría tasas de interés muy elevadas para poder atraer a los inversionistas.

Evitar un nuevo default es fundamental para el desarrollo del país, pues en los años ochentas se pudo enderezar el pago de la deuda gracias a diversas negociaciones y a las consideraciones que se tenían hacia un país que era pobre.

Sin embargo, ahora las condiciones son muy distintas pues Costa Rica es un país de renta media y no tendrá los beneficios que consiguió décadas atrás.