Es tiempo de abrir un debate sobre cómo hacer más pequeño el aparato estatal, ese entramado creciente de instituciones públicas que para este año suma 319 entidades de diferente naturaleza jurídica, algunas con funciones duplicadas o, incluso, difíciles de identificar con claridad.

La ruta para lograr la sanidad de las finanzas públicas tiene varias etapas. La primera se consiguió con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), le siguen la colocación de los eurobonos para mejorar las condiciones de la deuda y la reforma al sistema de empleo público, pero esta última iniciativa no rendirá resultados en el corto plazo.

El siguiente paso es cerrar, fusionar o transformar instituciones, hacer más pequeño el tamaño del Estado. Así lo reconoció Rocio Aguilar, ministra de Hacienda, en entrevista con EF.

Aunque no es la primera prioridad del Gobierno, para antes de setiembre del 2020 llegará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propondrá una reforma grande para reducir y buscar la eficiencia en el intrincando tejido de instituciones públicas del país. La confirmación de esta iniciativa fue detallada a EF por Pilar Garrido, ministra de Planificación.

En la mira

Tres sectores se encuentran en la mira prioritaria del Ejecutivo para analizar la posibilidad de cerrar instituciones, o bien, de reintegrarlas como dependencias a algunos ministerios.

En el sector social existen varias propuestas. La primera se puso en la palestra el 16 de diciembre del 2015 con la presentación del proyecto de ley Cerrar, una iniciativa del exdiputado Ottón Solís.

Aunque este expediente tienen varios elementos que lo hacen inviable técnicamente, también reúne algunas propuestas valiosas que fueron extraídas para el diálogo en el Congreso. Así lo indicó Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).

Por su parte, Enrique Sánchez, diputado del partido Acción Ciudadana (PAC), trabaja un plan para hacer cambios importantes en el sector social. La iniciativa todavía está en etapa de elaboración, pero incluirá la creación de un ministerio rector y la integración de varios programas que están dispersos en diferentes instituciones.

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El proyecto para transformar el sector social podría llegar de manera independiente al Congreso en los primeros meses del próximo año.

El Gobierno también evalúa la posibilidad de reconcentrar entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Consejo de Transporte Público (CTP), para que se conviertan en direcciones dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Otra de las áreas de mayor oportunidad para reducir y transformar el sistema estatal está en el sector cultura, en el que existe un amplio grupo de órganos de diferente naturaleza jurídica que podrían fusionarse por la similitud de sus funciones o reintegrarse a un ente rector.

La propuesta para reformar el tamaño del Estado llegaría a Cuesta de Moras el próximo año, antes de la presentación del Presupuesto Nacional 2021, y en un momento político en el que la discusión de la reforma al empleo público esté mucho más avanzada en el Congreso.

A partir del próximo proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno incluirá la asignación de recursos para instituciones desconcentradas que ahora deberán recibir la aprobación del Congreso y no de la Contraloría General de la República (CGR), como ocurría antes.

Este cambio es posible con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central (9.524) que entró en vigencia el 10 de abril del 2018, pero por una orden transitoria se aplicará en la práctica hasta el próximo año.

Crecimiento desordenado

Para el año 1900, el sector público costarricense tenía apenas 39 instituciones públicas, de las cuales 32 eran municipalidades, y contaba solamente con tres ministerios. En 2019 el aparato estatal alcanzó las 319 entidades, una cifra menor a las 332 que se reportaron en 2016.

Uno de los principales rasgos que revela este comportamiento de expansión del Estado es que se crearon nuevos órganos sin cerrar o transformar los que ya existían. Algunas apenas cambiaron de nombre, pero no se modernizaron, lo que se tradujo en una pérdida de liderazgo en sus sectores, tal y como lo señala el estudio El sector público en Costa Rica: desafíos institucionales y oportunidades de mejoras, publicado por la Academia de Centroamérica en 2016.

El crecimiento del sector estatal fue acelerado, desordenado y no siguió ninguna estrategia. Durante décadas se acumularon instituciones hasta crear dos grandes grupos: el Gobierno Central con un margen de acción débil y el sector desconcentrado y descentralizado que concentra dos terceras partes del gasto público total.

Los órganos descentralizados y desconcentrados nacieron para hacer más flexible el uso de recursos en programas o políticas que contribuyeran con el desarrollo de la población en diferentes áreas como, por ejemplo, el sector social, productivo o los servicios públicos.

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Con el pasar de los años el aparato del Estado creó entidades de diferente naturaleza jurídica, esta situación abrió la puerta para que se conformara un complejo sistema en el que se hace difícil establecer mecanismos de coordinación y rendición de cuentas. Además, las capacidades rectoras de los ministros del Gabinete se ven reducidas en diferentes niveles.

Otro de los problemas provocado por la dispersa maquinaría institucional son las diferentes clasificaciones que existen y que no son compatibles entre sí, como se evidencia al comparar datos disponibles en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República (CGR).