Un país acostumbrado a la polarización desde las elecciones también es testigo de una clara división en la Asamblea Legislativa. La aprobación en primer debate de la reforma fiscal, el viernes 5 de octubre, puso una línea que dividió el plenario en dos grupos: los 35 que apoyaron el proyecto y los 22 que lo rechazaron.
El camino legal que debe recorrer el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas llevó el texto hasta una de las mesas en las que se resuelven las grandes discusiones del país, la de los magistrados de la Sala Constitucional. Empero, en Cuesta de Moras la cacería de votos continúa, pero con um perfil más bajo. El bloque que apoya la iniciativa todavía necesita la ayuda de tres legisladores más.
Mientras la búsqueda de votos en favor del controvertido plan de ajuste fiscal se mueve bajo el velo de la negociación legislativa, de las conversaciones en el cafetín y de los encuentros uno a uno en los despachos de los diputados, existe incertidumbre ante la respuesta que dará la Sala Constitucional a más tardar el lunes 26 de noviembre.
Para algunos –en el Congreso–, es difícil negociar votos sin saber qué pasará con el proyecto 20.580; para otros, el optimismo político alimenta la idea de que, por primera vez en 16 años, una reforma fiscal superará el tamiz de la constitucionalidad y seguirá su rumbo a una votación en segundo debate.
Los bandos uno y dos
La Asamblea Legislativa está divida en dos bandos con distintas posiciones de los diputados frente a la reforma fiscal.
El primer bando incluye los 35 votos que sellaron favorablemente el proyecto de ajuste tributario en la primera semana de octubre.
El Partido Liberación Nacional (PLN) aportó 15 de 17 votos posibles, el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) puso sus diez sufragios, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) entregó ocho de nueve y la nómina la completaron el independiente Erick Rodríguez Steller y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
El Gobierno representado por Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, y Víctor Morales Mora, jefe de la fracción oficialista, son los encargados de mantener el bloque de 35 legisladores que apoyan la reforma fiscal y de negociar los tres votos que se necesitan para llegar al número mágico de 38, que se podría requerir para el segundo debate.
El bando dos reúne a los 22 congresistas que se opusieron, por distintas razones, al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
No se puede obviar un punto de quiebre fundamental en las negociaciones que se gestan en Cuesta de Moras. La fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), otrora la segunda más numerosa del plenario, aportó sus 14 votos en contra de la reforma fiscal, pero el pulso entre Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado fracturó irremediablemente a esta agrupación política.
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Entonces la composición original de los votos del segundo bando cambió drásticamente.
Ahora son seis votos del PRN, ocho del grupo de independientes que se autodefine como Nueva República –todavía no constituido como partido político formal–, uno del Frente Amplio, uno del PRSC, tres del Partido Integración Nacional (PIN), uno del PUSC y dos disidentes del PLN.
Río revuelto, ganancia de...
La división del PRN abrió la puerta para que el bloque que apoya la reforma fiscal amplíe sus opciones de negociación política y les quitó presiones a ocho diputados, ahora independientes, de someterse a una línea de partido definida por el liderazgo tajante de Carlos Avendaño.
Nadie en el Congreso niega que si el Ejecutivo y el bloque PLN-PAC-PUSC quieren encontrar los tres votos que se necesitan para aprobar el proyecto 20.580 deben buscarlos a lo interno del grupo divergente de pentecostales.
El río está revuelto, principalmente entre la disminuida fracción del PRN y el bloque afín a Fabricio Alvarado, quien todavía no da señales contundentes de mantener unidos a los ocho diputados bajo la idea de oponerse, en una segunda votación, a la reforma fiscal.
Aunque Alvarado quiso definir la línea de rechazar este proyecto de ley, no fue categórico y aseguró que los legisladores que le acompañan en su incipiente emprendimiento político le manifestaron que se mantendrían en contra del plan fiscal.
Lo cierto es que el propio líder de los ocho independientes tampoco cerró la posibilidad de que cada uno decida cómo quiere votar en los diferentes proyectos de ley, ya que la imposición de posturas políticas fue uno de los puntos que generó fricciones cuando estuvieron en las filas de Restauración Nacional.
La otra opción que tiene el bloque pro reforma fiscal es buscar los tres votos en el PRN, aunque su líder, Carlos Avendaño, rechazó cualquier acercamiento para negociar.
Lo cierto es que la cacería de votos se desarrolla a revoluciones menores antes de que la Sala Constitucional resuelva las tres consultas facultativas que enviaron los diputados y sobre las cuales los magistrados deberán dar respuesta a más tardar el próximo lunes 26 de noviembre, aunque podría ser antes.
Tiempos de cautela
Sí, los votos se negocian. Sí, los jefes de fracción hablan del asunto, pero todavía no hay claridad.
Quienes apoyan la reforma fiscal son optimistas y creen que el proyecto de ley superará las consultas constitucionales para seguir su camino y convertirse en ley, lo que reactivaría el ritmo de las negociaciones y abriría el terreno para retomar la cacería de votos.
Al otro lado de la línea divisoria, quienes se oponen al texto fiscal solo esperan que los magistrados le den el tiro de gracia al proyecto –como una suerte de déjà vu–, o bien, que señalen roces constitucionales que tendrían que ser modificados antes de someterse a votación en segundo debate.
Erwen Masís, jefe de la bancada del PUSC, afirmó que las negociaciones se mantienen con cautela porque todas las fracciones están a la espera de conocer la respuesta de la Sala Constitucional para definir los votos ante eventuales cambios que podría sufrir el proyecto de ley.
Una posición similar marca las palabras de Carlos Ricardo Benavides, jefe de la bancada verdiblanca, quien está seguro de que la reforma fiscal no tiene vicios de procedimiento y, en caso de contener roces con la Constitución Política, se podrían corregir en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso.
Mientras el panorama se aclara, las fuerzas de la Asamblea Legislativa mantienen sus posiciones iniciales frente al proyecto fiscal con el entendido de que en política las cosas siempre cambian, y los votos, también.