Atención de catástrofes podrían costarle al país hasta 2,5% del PIB en 2025

Para dimensionar este panorama solo basta recordar que el costo anual de la reparación y construcción de la infraestructura afectada en el 2010, fue de ‎¢202.681 millones, es decir, 1,01% del PIB, según datos brindados por la Contraloría General de la República (CGR).

El incremento en las cifras ha sido evidente en poco más de dos décadas, pues en 1988 se destinaron ¢8.903 millones para atender la infraestructura afectada por situaciones climáticas.

Adicionalmente, la CGR señaló que el costo de reparar o reconstruir carreteras , puentes, acueductos y otra infraestructura relevante ha tenido un crecimiento exponencial en el periodo analizado.

En un análisis histórico que realizó la CGR de 1988 al 2010, se determinó que los efectos climáticos extremos tuvieron una variación entre 0,3% y 1,7% del PIB por año, lo que demuestra un escenario preocupante, ya que al país cada trimestre le sale en promedio 3% más caro que el anterior.

En los últimos años se ha demostrado que el cambio climático tiene un severo impacto sobre la hacienda pública y por eso la CGR prevé que para el 2025 dentro de un escenario conservador, se deberán destinar entre 0,68% y 1,05% del PIB para la atención de catástrofes.

Sin embargo, el ente contralor también hizo proyecciones ante un escenario más riesgoso (incluyendo valores extremos), donde los eventos naturales tendrían un impacto entre 1,64% hasta 2,50% del PIB. El ente contralor aclara que este porcentaje implicaría erogar 1,47 veces el máximo porcentaje del PIB en que se ha incurrido hasta la fecha.

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“Esto nos debe preocupar porque Costa Rica tiene condiciones de déficit importantes, al 2016 habíamos cerrado con 5,03% de déficit fiscal. Entonces estos números no son nada alentadores cuando pensamos en el desarollo económico del país”, manifestó Carolina Retana del área de Fiscalización de Servicios Ambientales de la CGR.

El impacto y la proporción que tienen las emergencias en la economía local es evidente. Los ejemplos son recientes, uno fue el año pasado al enfrentar las consecuencias del huracán Otto, y otro este año con el impacto de la tormenta Nate.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) cuantificó los daños ocasionados por Nate en ¢365.884 millones (según datos preliminares), lo que representa el 1,10% del PIB proyectado para este 2017.

Blindaje económico

Para blindar las finanzas públicas la CGR sugiere crear un marco fiscal climático que permita proyectar los recursos destinados a financiar acciones de mitigación, adaptación y atención de estos eventos.

“Es un conjunto de muchos mecanismos e instrumentos pero tiene una finalidad muy concreta, busca que Costa Rica pueda identificar claramente el costo que tiene el cambio y la variabilidad climática para el país en el corto, mediano y largo plazo. Podría identificar las fuentes de financiamiento tanto internacionales como nacionales que puedan hacerle frente a las necesidades”, agregó Retana.

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Este marco cuenta con cinco ejes: demanda de recursos, oferta de recursos, formulación y ejecución del presupuesto, transparencia y rendición de cuentas e incentivos verdes. La CGR ya envió el documento a la Asamblea Legislativa.

Costos indirectos por eventos climáticos

• Días perdidos de trabajo
• Afectaciones no reportadas (Pymes y Mipymes)
  
• Otros impactos en (escuelas, hospitales, iglesias, casas)
  
• Impactos en economía informal
  
• Pérdidas en turismo (viajes cancelados al país, tours cancelados dentro del país, entradas a parques)
  
• Pérdidas en restaurantes y bares
  
• Problemas en el sistema de distribución de energía
• Fuente: Dra. Mónica Araya