Por: Kirk Semple.   10 mayo
Grupos de delincuencia organizada, a veces con la colaboración de empleados corruptos de Pemex, extraían gasolina y diésel de oleoductos, refinerías y almacenes.
Grupos de delincuencia organizada, a veces con la colaboración de empleados corruptos de Pemex, extraían gasolina y diésel de oleoductos, refinerías y almacenes.

Poco después de su investidura en diciembre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró la guerra contra el robo y contrabando de combustible, un problema persistente que le ha costado miles de millones de dólares anuales al país.

Los delincuentes habían lanzado un ataque particularmente dañino con el cual drenaron 1,5 millones de galones de gasolina en una sola toma ilegal en diez horas, algo que de inmediato posicionó el tema entre las prioridades del gobierno. Pero el enfoque de López Obrador en contra del robo de combustible como la primera gran iniciativa de seguridad también pareció ser una movida política muy astuta.

Después de llegar al poder impulsado por una ola de populismo iracundo que le dio su respaldo para que rehiciera la nación, López Obrador (AMLO) quería cumplir sus principales promesas: atajar la corrupción y el delito, así como reducir la pobreza y desigualdad al buscar que las fuentes de riqueza nacionales beneficiaran a todos.

Sin embargo, el 1° de diciembre heredó una economía decaída y una desagradable situación de seguridad: México estaba por cerrar su año más mortífero desde que hay registros, con un mundo criminal más fragmentado y complicado que antes y avivado, en parte, por la corrupción crónica en el gobierno.

Atajar el robo de combustible le daba a AMLO una oportunidad para mostrar acciones en varios frentes a la vez. Grupos de delincuencia organizada, a veces con la colaboración de empleados corruptos de Petróleos de México (la estatal Pemex), estaban extrayendo gasolina y diésel de los oleoductos y de las refinerías y almacenes. Eso le estaba costando al gobierno más de $3.000 millones e impedía los esfuerzos para resucitar a Pemex.

“Al enfocarse en este delito puede adjudicarse el combate a la corrupción y la inseguridad que le permiten hacer cosas en materia de energía que otros gobiernos no pudieron, ayudando así a que Pemex vuelva a ser el gigante que solía ser”, dijo Dwight Dyer, consultor de riesgo y exfuncionario de la Secretaría de Energía de México. “Todo eso se puede vender muy bien políticamente”.

No obstante, aunque hay varios indicadores de que el gobierno ha hecho avances y sumado apoyo de los votantes, no parece haber mucha confianza fuera del gobierno de López Obrador de que dichos avances perduren. Las dudas son alimentadas por una falta crónica de confianza en la capacidad, o voluntad, del gobierno mexicano de someter a los grupos criminales cada vez más sofisticados del país.

El esfuerzo para combatir el robo de combustible empezó a finales de diciembre, cuando el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, desplegó a las fuerzas de seguridad para resguardar tramos comúnmente atacados de instalaciones y oleoductos de Pemex, donde se sospechaba que empleados corruptos estaban permitiendo operar a las mafias.

Los sospechosos de robo y de colaborar con ellos fueron arrestados, se congelaron cuentas bancarias y se confiscaron propiedades.

Los investigadores descubrieron que el sistema de oleoducto estaba “lleno” de tomas clandestinas, dijo Durazo en una entrevista. “Seguíamos encontrando y encontrando cosas”, recordó.

El gobierno incluso cerró los oleoductos más atacados, lo que provocó escasez y largas filas en gasolineras. Pese a ello la población estaba muy a favor de López Obrador, sobre todo después de que un oleoducto siniestrado estalló en enero en un área pobre y murieron más de 130 personas que se habían reunido en el lugar de la fuga con la esperanza de obtener gasolina gratis.

Menos de cuatro meses después de iniciada su ofensiva, López Obrador anunció que su gobierno había reducido en el robo de combustibles en 95 % y declaró victoria: “Hemos logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible”, dijo.

$600 millones

Pemex reportó que el robo disminuyó a 168.000 galones diarios, en promedio, durante abril, una caída en comparación con los más de 3,4 millones de galones que se robaban cuando AMLO llegó al poder. Indicó que eso significa más de $600 millones en ahorros.

Pero muchos sospechan que la caída pronunciada del robo de combustible es temporal y que los ladrones solamente están haciendo tiempo hasta que la atención del gobierno se traslade a otro tema.

“Está parado, por ahora”, dijo Roberto González, pastor en una parroquia de clase obrera en Irapuato, ciudad del centro de México donde el robo de combustible era rampante hasta que empezaron las acciones del gobierno. “Pero están esperando el momento en que puedan retomarlo”, agregó.

Este es un problema antiguo que empeoró de manera dramática en los últimos años, conforme pasó de ser territorio de criminales y emprendedores locales a una industria dominada por los grupos de delincuencia organizada más grandes del país.

Los funcionarios indicaron que, en los primeros diez meses de 2018, las autoridades encontraron más de 12.500 tomas clandestinas en los oleoductos del país. Para noviembre los ladrones estaban robando más de 3,4 millones de galones diarios. En comparación, hace una década solo se registraban unas 460 tomas clandestinas y un robo de 126.000 galones por día.

El impacto se ha sentido de manera especialmente profunda en Irapuato y en el estado del que es parte, Guanajuato, al centro de la industria de manufactura automotriz de México.

Muchos mexicanos pagaban gustosos los precios de la gasolina robada que antes se vendía al aire libre.

En los últimos años la región ha tenido un aumento pronunciado en índices de violencia, relacionada en gran medida a las disputas entre organizaciones criminales para controlar el contrabando del combustible, de acuerdo con funcionarios.

El año pasado se reportaron más de 2.600 homicidios dolosos en Guanajuato, frente a los 1.100 registrados en 2017, según estadísticas oficiales.

La reacción de los grupos criminales a la ofensiva del gobierno ha sido inmediata y fuerte.

En Guanajuato bloquearon caminos con vehículos incendiados para impedir el traslado de las fuerzas de seguridad pública. Plantaron una bomba en un camión estacionado afuera de una refinería en la ciudad de Salamanca. El Cártel Santa Rosa de Lima, grupo local especializado en el robo de combustibles, lanzó amenazas de muerte contra López Obrador, dijeron funcionarios.

En marzo, atacantes no identificados abrieron fuego contra la oficina local en Irapuato de la Fiscalía General de la República después de que los medios reportaran el arresto de presuntos miembros del cártel.

Parte del desafío del gobierno será deshacer el respaldo local que han obtenido muchos de estos delincuentes. Los habitantes de ciertas comunidades han encontrado empleo con las pandillas y muchos más pagaban gustosos los precios de la gasolina robada que antes se vendía al aire libre en la orilla de las carreteras y desde camionetas.